Comienza en Tbilisi la segunda jornada de protestas contra la ley de agentes extranjeros, que pretende restringir las actividades de organizaciones financiadas con fondos de otros países y puede poner en riesgo las aspiraciones de la nación a una mayor integración con Europa.
Más de diez mil personas vuelven a tomar las calles de la capital georgiana, marchando de nuevo hacia el edificio del Parlamento. Hasta el momento, la concentración es pacífica. En ella participan también estudiantes y un movimiento organizado por mujeres.
La concentración se reanudó después de que la Policía antidisturbios dispersara durante la noche del martes a los manifestantes usando cañones de agua y gases lacrimógenos, luego de que irrumpieran en el edificio del órgano legislativo.
Según el Ministerio del Interior, 66 personas fueron detenidas en la manifestación y 50 policías resultaron heridos durante los disturbios.
¿De qué se trata la ley sobre agentes extranjeros?
En febrero se presentaron dos versiones del proyecto de ley sobre agentes extranjeros: una ‘georgiana’ y otra ‘estadounidense’. Este martes el Parlamento de Georgia aprobó en primera lectura el proyecto ‘georgiano’ de la ley, con 76 votos a favor y 13 en contra.
La versión ‘georgiana’ prevé que las organizaciones sin fines de lucro y los medios de comunicación reciban el estatus de agentes de influencia extranjera si más del 20 % de sus ingresos proviene del extranjero. Tales organizaciones deben someterse a un registro obligatorio, y si se niegan a hacerlo serán multados. Además, el Ministerio de Justicia tendrá derecho a iniciar una investigación en su contra.
Por su parte, la versión ‘estadounidense’ de la iniciativa es básicamente la traducción de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de EE.UU. (FARA), aprobada en 1938. Esa normativa establece la condición de agente extranjero no solo para los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, sino también para otras personas jurídicas y físicas. Las infracciones (retrasar el registro o rechazarlo) están sujetas no solo a sanciones administrativas, sino también penales: las personas pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años.
La versión ‘estadounidense’ de la ley fue presentada al Parlamento georgiano después que la oposición criticara el primer proyecto, el ‘georgiano’, diciendo que se basaba en la ley rusa sobre agentes extranjeros. El objetivo era mostrar cuánto más dura es la versión ‘estadounidense’.
